La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) y la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife (APDT) han decidido mostrar su apoyo a la plantilla de trabajadores del periódico La Opinión de Tenerife, inmersa en un expediente de regulación de empleo que podría afectar al 50 por ciento de la misma. En este sentido, ambas organizaciones abogan por la aplicación de medidas que no supongan la destrucción de más puestos de trabajo.

 Este llamamiento coincide con la última comunicación hecha por la APT a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), respecto a la actualización de los datos del Observatorio de la Crisis, por el que la destrucción de empleo sólo en esta provincia afecta ya a más de 120 profesionales. En el conjunto del Estado, la cifra asciende a 2.225 trabajadores, el 16 por ciento de los 30.000 periodistas que ejercen en España.
 A juicio de las asociaciones tinerfeñas, los efectos de la crisis no pueden seguir produciendo una sangría de puestos de trabajo, por la vía de los despidos, los expedientes de regulación de empleo o las prejubilaciones. Al contrario, se hace necesario el estudio y la negociación de otras posibilidades, como las rescisiones temporales de las contrataciones o el reparto del empleo, que en cualquier caso hagan posible conservar la experiencia en las redacciones.
 En la línea apuntada esta semana por la presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, durante la reunión que mantuvo con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la democracia requiere una información fiable como un bien público y ello implica la necesidad de recursos para producirlo y ponerlo en circulación. “El Periodismo y sus profesionales deben ser protegidos y animados a desarrollarse", afirmó Iglesias.
 La APT y la APDT, como organizaciones vinculadas que agrupan a más de 260 profesionales de la provincia, reafirman su compromiso de mantenerse al lado de los periodistas afectados por la corriente de despidos impuesta dentro del sector, como sucede ahora en La Opinión de Tenerife. Del mismo modo, apoyan la exigencia de la FAPE a la Administración del Estado para que adopte con urgencia medidas que protejan al Periodismo frente a la crisis, con el fin de que el acusado descenso de la publicidad no repercuta en la pérdida de más puestos de trabajo.